Shell continúa la explotación y el transporte de crudo a través de la red de oleoductos en Nigeria, manteniendo la infraestructura en funcionamiento aun en presencia de evidencias masivas de contaminación ambiental y destrucción de ecosistemas en la región del Delta del Níger. Investigaciones recientes y documentos internos de la corporación petrolera británica Shell confirman que la empresa ha mantenido el bombeo de crudo a través de oleoductos clave en Nigeria, como el Nembe Creek Trunk Line, a pesar de poseer pruebas contundentes sobre fallas estructurales y riesgos masivos de contaminación en los humedales del Delta del Níger.
La filtración de comunicaciones de Shell revela que varios de sus propios ingenieros técnicos aconsejaron detener las operaciones al calificar ciertos tramos en estado de alerta máxima (código "rojo"). Los ejecutivos decidieron ignorar sus propios protocolos de seguridad y priorizaron el flujo financiero, permitiendo la degradación continua de ecosistemas de manglares y fuentes de agua que sustentan a comunidades como la de Bille.
La presencia de los intereses petroleros británicos en el territorio actual de Nigeria comenzó formalmente durante la época de la colonización. En 1937, bajo el dominio del Imperio Británico, se otorgó a la antecesora de Shell una concesión exclusiva para la exploración de hidrocarburos en todo el país. El hallazgo de yacimientos comerciales en 1956 consolidó un modelo económico extractivo diseñado para abastecer los mercados del Norte Global, transfiriendo los beneficios económicos hacia Europa mientras la totalidad de los costos ecológicos y sociales permanecía en el suelo africano.
Tras la “independencia” de Nigeria en 1960, la arquitectura de esta explotación se mantuvo intacta. La corporación transnacional estableció alianzas estructurales con los sucesivos regímenes, permitiendo que la extracción avanzara sobre tierras ancestrales sin el consentimiento de las naciones originarias del Delta del Níger.
A lo largo de las décadas, múltiples instituciones globales han documentado el impacto de esta actividad:
La resistencia contra este modelo extractivo tuvo un hito fundamental en la década de 1990 con la creación del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), liderado por el escritor y activista Ken Saro-Wiwa. La movilización pacífica denunció el ecocidio y la sistemática desposesión de las comunidades.
En 1995, en medio de una intensa campaña militar para proteger los intereses petroleros, el gobierno de la época, de Sani Abacha, detuvo y ejecutó de manera arbitraria a nueve líderes de este movimiento, un grupo recordado históricamente como los 9 de Ogoni (u Ogoni 9). Procesos judiciales posteriores en cortes europeas han presentado testimonios y pruebas sobre los vínculos y el conocimiento de la empresa respecto a las acciones de las fuerzas de seguridad locales para silenciar la disidencia vecinal.
Ante el deterioro acumulado y las constantes demandas, Shell completó la venta de su filial terrestre en Nigeria (SPDC) a un consorcio de empresas locales, enfocando su estrategia de negocios hacia las plataformas de extracción en aguas profundas. Esta maniobra busca esquivar la enorme deuda ambiental acumulada en tierra firme, delegando la responsabilidad de limpiar las áreas afectadas.
A pesar de estos movimientos corporativos, las comunidades de Ogale y Bille mantienen una batalla legal histórica en los tribunales de Londres. La Alta Corte británica ratificó que Shell plc posee una responsabilidad legal directa por la contaminación histórica de su antigua filial. Esta decisión judicial permite avanzar hacia un juicio definitivo, programado para iniciar en 2027, bajo el argumento de que cada día que el petróleo permanece derramado en los suelos africanos se genera una nueva infracción legal que la empresa matriz debe subsanar y compensar.
La explotación sistemática del Delta del Níger por parte de capitales británicos representa la continuidad de las lógicas coloniales y racistas que históricamente han considerado los territorios africanos como zonas de sacrificio y a sus poblaciones como vidas prescindibles en el altar del enriquecimiento corporativo global.
La justicia para Ogoniland y para toda África exige el fin de la impunidad de las empresas que siguen saqueando recursos africanos sin respeto ninguno por el ecosistema ni por las comunidades afectadas, la reparación histórica y la consolidación de una soberanía absoluta sobre los recursos del continente.
Un texto de Quinndy Akeju
