El gobierno de Burkina Faso, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré, aprobó el pasado 2 de julio de 2026 un decreto que reorganiza el marco regulatorio para las organizaciones humanitarias que operan en el país. Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la prohibición de exponer imágenes de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores de edad, junto a las donaciones recibidas, medida que el Ejecutivo presenta como un mecanismo de protección de la dignidad de los beneficiarios.

La decisión responde a una práctica ampliamente cuestionada en el sector humanitario: el uso de fotografías de pobreza, desplazamiento o sufrimiento como estrategia de recaudación de fondos, lo cual es una forma de explotación de la imagen de comunidades vulnerables con fines publicitarios.

Según informó el medio estatal Sidwaya, la nueva normativa exige acreditación formal a toda organización humanitaria que desee operar en territorio burkinabé, así como autorización previa del Ministerio de Familia y Solidaridad para cualquier campaña pública de recolección de fondos. El decreto establece además que el 60% de la financiación humanitaria debe destinarse a programas de recuperación temprana y autonomía económica de las comunidades asistidas, con el objetivo declarado de reducir la dependencia prolongada de la ayuda internacional. Se incorpora igualmente el principio de "consumo local" en la adquisición de bienes destinados a la asistencia humanitaria.

De acuerdo con el comunicado oficial, la reforma busca conciliar la solidaridad internacional con mayor transparencia y respeto por la vida privada y los derechos fundamentales de las personas asistidas.

Esta medida, además, se inscribe en un proceso más amplio de reivindicación de la soberanía narrativa del continente. Durante décadas, la representación mediática de África estuvo mediada por actores coloniales, que recurrieron con frecuencia a imágenes de precariedad para sensibilizar audiencias occidentales y justificar intervenciones humanitarias o políticas, pasando por encima de la dignidad y derechos fundamentales de las personas expuestas. El decreto burkinabé plantea, en este sentido, una reivindicación del derecho de las comunidades africanas a decidir cómo se narra su propia realidad.

Cabe señalar que esta disposición se enmarca en un contexto de mayor control estatal sobre las ONGSl. En abril de 2026, el gobierno disolvió 118 organizaciones no gubernamentales y asociaciones, según documentó Amnistía Internacional, y en enero del mismo año se disolvieron todos los partidos políticos tras años de suspensión de sus actividades. A esto se suma el anuncio del cierre, previsto para el 30 de noviembre de 2026, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, luego de que sus operaciones fueran suspendidas por las autoridades burkinesas.

Un texto de Quinndy Akeju

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