Ha pasado más de un mes desde el feminicidio de Yulieth Tatiana Murillo Peña, la joven enfermera chocoana de 25 años hallada sin vida en su casa en el municipio de Bello, el 4 de marzo de 2026. Lo que en su momento produjo conmoción en Antioquia corre hoy el riesgo de convertirse en otro caso que abandona el centro de la conversación pública pronto, pasando a ser un nombre más en las estadísticas, una familia más empujada al duelo y una mujer negra más cuya muerte no alcanza a sacudir con la misma fuerza la conciencia nacional.  

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Yulieth había llegado desde el departamento del Chocó a Antioquia buscando lo que tantas mujeres negras buscan en este país: trabajo, estabilidad y dignidad, objetivo que habría logrado al vincularse al sector de la salud, luego de varios meses de búsqueda de oportunidades. Esa trayectoria no es un detalle accesorio, debido a que revela la ruta de miles de mujeres afrocolombianas que migran internamente para sostener su vida en medio de desigualdades históricas, racismo estructural y precariedad laboral. Por eso, su asesinato no puede leerse como un hecho aislado ni como una tragedia privada desligada de las condiciones sociales que la rodeaban.  

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Los reportes de prensa y de las autoridades competentes señalaron, desde los primeros días de la investigación, que el principal sospechoso sería una expareja y que el crimen habría estado mediado por celos; además, la Policía informó que la persona ya había sido identificada y que se esperaba consolidar el material probatorio para avanzar con el procedimiento penal. 

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Y es que, a la hora de hablar de feminicidios, este patrón no es nuevo. En Colombia, muchas veces la violencia feminicida aparece después de una cadena previa de control, intimidación, posesividad y agresiones que las instituciones no logran leer ni detener a tiempo. El feminicidio no empieza cuando una mujer es asesinada, empieza mucho antes, es decir, cuando se normalizan las amenazas, cuando se minimiza el miedo, cuando se exige a las mujeres demostrar un riesgo extremo antes de creerles, y cuando el Estado convierte la prevención en trámite y la protección en demora. 

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Por eso, resulta tan revelador que, apenas un día después de que varios medios publicaran sobre el caso, el Ministerio de Justicia y del Derecho insistiera en que las mujeres en riesgo de feminicidio “no serán subestimadas” y lanzara una guía técnica para valorar el riesgo en el contexto familiar, con el fin de unificar criterios, reducir revictimización y actuar con mayor rapidez. Hasta aquí el mensaje institucional es correcto, sin embargo, la pregunta es por qué sigue llegando tarde frente a vidas que ya estaban en riesgo.  

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La guía del Ministerio de Justicia, parte de una verdad elemental, en la que señala que cada denuncia, cada relato y cada señal de violencia puede ser una alerta temprana, y reconocer el riesgo a tiempo es una forma de salvar vidas. No obstante, esa afirmación debería preocuparnos como sociedad, porque implica admitir que el problema no es la falta absoluta de herramientas, sino la incapacidad estructural para activar esas herramientas con enfoque, seriedad y urgencia. Colombia no puede seguir presentando protocolos como respuesta suficiente mientras los feminicidios continúan marcando la vida de las mujeres.  

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La discusión se vuelve aún más urgente cuando se mira el contexto, ya que, para marzo de 2026, los medios reportaban un aumento en los asesinatos de mujeres en Antioquia frente al mismo periodo del año anterior, y recordaban que, a nivel nacional, el Observatorio de Feminicidios Colombia había reportado 427 feminicidios y 256 tentativas en el primer semestre de 2025. Por esto, no estamos frente a una anomalía ocasional, sino frente a una violencia persistente, documentada y profundamente enraizada en el país.  

Pero hay algo más que no puede seguir siendo omitido y es que Yulieth era una mujer negra, por lo tanto, decirlo importa. Importa porque en Colombia el género no actúa solo, se cruza con la raza, con el territorio, con la clase, con la migración interna y con las barreras de acceso a la justicia. Lo que produce que, la vida de las mujeres negras esté más expuesta a la precarización, a la indiferencia institucional y a un tratamiento mediático que muchas veces registra el horror, pero no interroga el sistema que lo produce. Por esta razón, los feminicidios de las mujeres negras, no pueden seguir narrándose como si su identidad racial fuera irrelevante.  

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En ese contexto, esta no es solo una columna sobre una muerte, es una columna sobre la jerarquía de las vidas en Colombia. Sobre cuáles duelen públicamente, cuáles duran en la agenda y cuáles se disuelven más rápido en el olvido. Porque si después de un mes el nombre de Yulieth ya empieza a desvanecerse del debate nacional, lo que queda al descubierto no es solo la fragilidad de la memoria mediática, sino una estructura de desvaloración que nos permea como sociedad, en la que la muerte de una mujer negra conmueve menos de lo que debería, moviliza menos de lo que exige y transforma menos de lo que merece.  

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Aquí no basta con pedir justicia en abstracto. Hay que exigir investigación diligente, protección temprana, articulación real entre instituciones y un enfoque interseccional que entienda que no todas las mujeres enfrentan el mismo riesgo ni reciben la misma respuesta estatal. Hay que exigir que la prevención del feminicidio deje de ser un discurso de ocasión y se convierta en una obligación concreta, territorializada y racialmente consciente. Y hay que decirlo con claridad, porque mientras las mujeres negras sigan siendo asesinadas en medio de la indiferencia, el problema no será solamente de seguridad ni únicamente de violencia de género; será también un problema de racismo estructural.  

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Un mes después, Yulieth no debería ser apenas un recuerdo doloroso para su familia o una noticia vieja para el país. Debería ser una interpelación abierta, una pregunta incómoda sobre quiénes importan en Colombia y cuánto tiene que pasar para que la muerte de una mujer negra sea tratada como lo que realmente es, y no un caso aislado, no una fatalidad, no una nota de paso, sino una expresión brutal de las violencias que este Estado y esta sociedad siguen sin querer desmontar del todo.  

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Porque cuando asesinan a una mujer negra y el país apenas alcanza a indignarse unos días, no solo fracasa la justicia, fracasa también la promesa democrática de que todas las vidas valen lo mismo.

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Una nota de Evelin Asprilla Caicedo

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BIBLIOGRAFÍA 

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El Colombiano. (2026, 10 de marzo). Policía identificó a los presuntos asesinos de dos mujeres en el Valle de Aburrá. https://www.elcolombiano.com/amp/medellin/policia-identifico-a-presuntos-asesinos-de-dos-mujeres-AF34466240 

Infobae. (2026, 6 de marzo). Enfermera fue encontrada degollada en su propia casa en Bello, al norte de Medellín. https://www.infobae.com/colombia/2026/03/06/enfermera-fue-encontrada-degollada-en-su-propia-casa-en-bello-al-norte-de-medellin/?outputType=amp-type 

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2026). Mujeres en riesgo de feminicidio no serán subestimadas: MinJusticia lanza guía de protección. https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/mujeres-en-riesgo-de-feminicidio-no-seran-subestimadas-minjusticia-lanza-gu%C3%ADa-de-proteccion.aspx 

Semana. (2026, 6 de marzo). Atroz crimen de una joven enfermera en Bello: un primo la encontró degollada en la sala de su casa. https://www.semana.com/amp/nacion/medellin/articulo/atroz-crimen-de-una-joven-enfermera-en-bello-un-primo-la-encontro-degollada-en-la-sala-de-su-casa/202635/ 

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