Más de 3000 personas evacuadas y por lo menos, 4000 hectáreas quemadas. La Patagonia atraviesa una de las peores crisis ambientales de los últimos años a raíz de incendios forestales de gran magnitud que, en pleno enero de 2026, avanzan sobre bosques nativos en Chubut, Río Negro y otras provincias del sur argentino. Las llamas amenazan áreas naturales protegidas y ejemplares únicos como el alerce milenario conocido como “El Abuelo”, mientras miles de personas debieron ser evacuadas. Varias otras han declarado haber visto a “turistas israelíes” iniciando los fuegos. Sospechan de planes para ocupar el lugar, teniendo en cuenta que estos últimos años miles de personas israelíes han estado llegando a la Patagonia. Estos incendios llegan tras la decisión del Gobierno de Milei de impulsar una ley para modificar las restricciones y permitir la venta de tierras afectadas por incendios.
Según datos oficiales y de organizaciones ambientales, más de 700 habitantes y alrededor de 3.000 turistas fueron desplazades de manera preventiva. Los focos activos, muchos de ellos aún fuera de control, ya superan ampliamente los registros de la temporada 2024-2025, en un contexto marcado por sequías prolongadas, temperaturas extremas y vientos intensos asociados a la crisis climática.
En este escenario siguen creciendo los cuestionamientos al gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Greenpeace y otros colectivos socioambientales denuncian un fuerte debilitamiento de las políticas de prevención y combate del fuego. En particular, señalan que el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego habría sufrido recortes de hasta el 78% en 2025, lo que se traduce en una dotación insuficiente de brigadistas y equipamiento para cubrir cerca de cinco millones de hectáreas de riesgo.
Legisladores de provincias patagónicas impulsan la declaración de la emergencia ígnea y reclaman partidas extraordinarias para enfrentar la situación. También advierten sobre la subejecución de fondos ya aprobados y sobre iniciativas oficiales que podrían desmantelar marcos legales clave para la protección de los bosques.
Organizaciones como Greenpeace lanzaron campañas de adhesión ciudadana para reclamar una política forestal acorde a la emergencia climática. Al mismo tiempo, distintos colectivos del territorio denuncian el intento de responsabilizar a comunidades mapuches y otros pueblos originarios por los incendios, una práctica absolutamente racista y colonial. Señalan que estas comunidades habitan y cuidan esos territorios desde mucho antes de la conformación de los Estados argentino y chileno, y advierten que su criminalización suele abrir el camino al despojo y a la apropiación de tierras en beneficio de intereses concentrados del Norte global.
Desde el movimiento ambiental se exige, además, una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares ante la presunción de incendios intencionales, vinculados a intereses económicos sionistas e imperialistas y de control territorial. Las demandas incluyen el refuerzo inmediato de brigadas, la incorporación de más aviones hidrantes, políticas sostenidas de prevención y la erradicación progresiva de especies exóticas inflamables, como los pinos implantados.
La crisis en la Patagonia expone así un desastre ambiental, además de un debate de fondo sobre modelos de desarrollo, justicia climática anticolonial y el respeto a los derechos de los pueblos originarios en un contexto de creciente vulnerabilidad ecológica.
Una nota de Quinndy Akeju
