Hay muchas maneras en que el racismo institucional opera, y una de las más importantes es mediante la fórmula de la corrupción y la plutocracia, esto permite que las desigualdades estructurales no sólo se mantengan, sino también se refuercen. El racismo institucional es agresivo y focalizado, por ello resulta crucial que los cargos políticos sean ocupados por personas que simpatizan con ideas de la superioridad, el control y que validen la existencia de la discriminación selectiva como un aspecto positivo para el orden social.

En México, por ejemplo, el modelo de gobernanza de la Presidenta Claudia Sheinbaum no duda en incorporar a sus filas, perfiles involucrados en violaciones de derechos, más grave aún, perfiles que enfrentan procesos penales, como el caso de Francisco Garduño Yáñez, quien la semana pasada fue designado como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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“El funcionario ejemplar”

Francisco Garduño Yáñez, hoy ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM) es algo más que un hombre corrupto, encarna el mensaje punitivo y racista de la seguridad nacional. Es un hombre que llamó “rescates humanitarios” a los desalojos forzosos de personas migrantes; un funcionario imputado por el delito de ejercicio ilícito de la función pública por un incendio en la Estación Migratoria de Lerdo-Stanton en Cd. Juárez, Chihuahua donde 40 personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas de gravedad, hecho por el que se abrió un proceso penal donde fue imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

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Desde hace tiempo, las Estaciones Migratorias del país acumulan quejas ante órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las continuas irregularidades con las que operan. Organizaciones de la sociedad civil han documentado y denunciado prácticas discriminatorias, privativas de la libertad y hasta actos crueles y de tortura que se ejercen contra las personas migrantes que son alojadas en esos espacios. Tan solo en el 2022– un año antes del incendio en la Estación Migratoria de Cd. Juárez– la CNDH emitió cuando menos 6 recomendaciones al Comisionado Francisco Garduño Yáñez, por violaciones de derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes ejercidos contra personas migrantes internacionales. Previamente, en el 2021, todavía en el contexto de la pandemia, la CNDH ordenó medidas cautelares a favor de 88 personas migrantes que estaban hacinadas en una Estación Migratoria en Coahuila, al norte del país. 

La gestión de Garduño Yáñez en el Instituto Nacional de Migración marcó una política migratoria punitiva, de persecución y criminalización constante, una política migratoria abusiva, brutal y con una perspectiva de justicia bastante cuestionable. 

Luego del incendio en la Estación Migratoria de Lerdo-Stanton, Cd. Juárez, Chihuahua, familiares de las víctimas, así como organizaciones de la sociedad civil que acompañaron el caso, emprendieron una batalla buscando el esclarecimiento de hechos, la reparación integral del daño y la sanción a los responsables que en su conjunto, es lo mismo que decir justicia. A cambio, las autoridades estatales y federales respondieron con desinterés y con tácticas de desgaste y revictimización. Aunque había un proceso contra Garduño, no hubo alguna sanción mayor que reconociera la magnitud del daño ocasionado a familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia del 23 de marzo del 2023 en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton. 

Durante más de un año, las organizaciones acompañantes exigieron la disculpa pública así como la destitución de Garduño Yáñez. El 26 de septiembre de 2025, detrás de un podio, vistiendo un traje gris y con una voz serena sin alguna huella de remordimiento o culpa, Francisco Garduño ofreció una disculpa pública a título personal.

“A todos, reitero, a todos, les ofrezco con humildad, una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y su familia, que vieron cambiar su vida para siempre; a las víctimas, sobrevivientes y lesionadas, también reitero mis disculpas por las consecuencias permanentes que han quedado en sus vidas” 

El problema de la disculpa pública a título personal es que no atiende la reparación integral del daño y en términos de justicia restaurativa, las instituciones no están obligadas a sancionar a los responsables por ser una declaración a título personal.

Con ese antecedente, la semana pasada, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció el nuevo nombramiento de Francisco Garduño, calificándolo como un “funcionario ejemplar”.

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El mensaje presidencial.

Ante los cuestionamientos por esta designación, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró en conferencia de prensa “Él viene desde hace mucho tiempo trabajando, él es Doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad. Ya no está bajo proceso de ningún tipo y se analizaron distintos perfiles para ese puesto y se tomó esa consideración”.

La primera mandataria tiene razón, “no es un perfil cualquiera”, es un Doctor en Derecho que acumula centenas de quejas por violaciones de derechos humanos, que enfrenta un proceso penal, que no tiene experiencia en el ámbito educativo pero que hoy, gracias a su destacada trayectoria de abusos de poder e impunidad, formará parte de la Secretaría de Educación Pública. 

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La xenofobia se disfraza de educación.

Poner a Francisco Garduño Yáñez al frente de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública es una decisión estratégica en medio de un contexto migratorio complejo. Los Centro de Formación para el Trabajo, fueron pensados como alternativas para ofrecer opciones de empleabilidad a personas de poblaciones vulnerables, lo que incluye a las personas migrantes. Al frente de este cargo, Garduño tiene atribuciones para extender la política de disuasión y contención que ejecutó desde el INM. No deberá sorprender si, en adelante, las personas migrantes encuentran obstáculos para acceder a estos espacios. La estrategia es contundente: limitar las oportunidades de permanencia de las personas migrantes, obstaculizando el acceso a derechos como el empleo. Garduño no está ahí por azar, ni por premio, está ahí para garantizar una política de disuasión migratoria desde el flanco de la educación. Eso resume el racismo institucional.

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Una nota de Ana Hurtado Pliego