Durante más de cuatro siglos, más de 12 millones de personas africanas fueron secuestradas, desplazadas y sometidas a condiciones inhumanas en el contexto de la esclavización y trata transatlántica y otros sistemas de explotación, como la esclavización árabe en África. La declaración de la Unión Africana reconoce que estos actos fueron parte de un sistema estructurado de deshumanización con consecuencias que perduran hasta hoy en forma de desigualdades económicas, racismo estructural y subdesarrollo impuesto. En una decisión calificada como “trascendental para la memoria y la dignidad del continente”, la Unión Africana ha declarado oficialmente la esclavización de pueblos africanos como un crimen contra la humanidad. La resolución, adoptada por consenso durante una sesión ordinaria de la asamblea del organismo continental, marca un paso decisivo en la lucha por el reconocimiento, la justicia y la reparación histórica en relación a África. Además, se insta a la ONU  a reconocer estos actos como el crimen ‘más grave’ contra la humanidad.

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Esta medida, reafirma una verdad histórica largamente sostenida por los movimientos anticoloniales y sociales, además de situar la demanda de reparación en el centro de la agenda política continental. La declaración constituye un acto de soberanía moral y política: África define su propia narrativa histórica y exige responsabilidades en el marco del derecho anticolonial internacional. Subraya que la esclavización constituyó una violación masiva y sistemática de los derechos humanos fundamentales, equiparable a otros crímenes contra la humanidad reconocidos por el derecho internacional contemporáneo.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la exigencia de reparaciones integrales. 

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La Unión Africana plantea que la justicia histórica no puede limitarse al reconocimiento simbólico, y debe traducirse en medidas concretas, entre ellas:

• Compensaciones y reparaciones económicas y financieras.
• Cancelación o reestructuración de deudas consideradas herederas de estructuras coloniales.
• Inversiones en educación, salud e infraestructuras en países africanos y en comunidades afrodescendientes.
• Restitución de patrimonio cultural y objetos saqueados durante la trata.

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Estas demandas no son actos de caridad. Son obligaciones históricas y jurídicas derivadas de un crimen de alcance global y de justicia social. La declaración también interpela a países coloniales y a las instituciones multilaterales para que participen en un proceso de diálogo honesto orientado a la reparación. En este sentido, la Unión Africana reafirma su compromiso con la cooperación internacional, pero desde una posición de igualdad y respeto a la dignidad africana, no desde la condescendencia o el paternalismo, como se puede observar en muchos casos de cooperación Norte-Sur.

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Una nota de Quinndy Akeju