Una embarcación de madera con 105 personas a bordo zarpó de Libia y se hundió en aguas controladas por la guardia costera que financia la UE. Solo 32 sobrevivieron. Los gobiernos europeos, en silencio.
El Mediterráneo central se convirtió una vez más en una fosa común durante la madrugada del domingo 6 de abril de 2026, en plena noche de Pascua. Una embarcación de madera con aproximadamente 105 personas que había partido de Tajoura, Libia, se hundió en aguas bajo responsabilidad de la guardia costera libia. Más de 70 de esas personas siguen desaparecidas. Solo dos cuerpos han sido recuperados del mar.
Cada vez que ocurre un naufragio en el Mediterráneo, los medios de comunicación hablan de "migrantes", de "flujos", de "oleadas". El lenguaje deshumaniza a propósito: convierte personas en cifras, individuos en masa, seres humanos en problema. Esta invisibilización es un acto político racista que prepara el terreno para que la indiferencia institucional parezca razonable.
Las personas que viajaban en esta embarcación tenían nombres, familias, historias y sueños. La mayoría huían de conflictos armados sostenidos durante décadas por las potencias occidentales, de la pobreza fabricada por el expolio colonial y mantenida hoy mediante deuda externa, tratados comerciales desiguales y extracción de recursos. Europa generó las condiciones que los empujaron a huir, y luego construyó muros para que murieran en el camino.
Llamar "flujo migratorio" a personas que huyen es deshumanización deliberada. El racismo opera también cuando un gobierno decide que ciertas vidas valen menos, que ciertas muertes merecen silencio, que ciertos cuerpos pueden quedarse en el fondo del mar. Nombrar ese mecanismo con precisión es el primer acto de resistencia.
La embarcación se hundió en la zona de rescate controlada por la guardia costera libia, financiada y entrenada con dinero europeo. Esa guardia costera intercepta embarcaciones en el mar y devuelve a las personas a centros de detención donde organizaciones de derechos humanos han documentado torturas, violaciones de Derechos Humanos y asesinatos. La Unión Europea lleva años pagando para que ese sistema funcione.
El objetivo declarado es reducir "la presión migratoria". El objetivo real es externalizar la frontera lo suficientemente lejos como para que los naufragios ocurran fuera del alcance de las cámaras y de la responsabilidad legal europea. Es una política de exterminio por delegación, con presupuesto asignado, contratos firmados y responsables políticos identificables.
Esta diferencia de trato responde a una jerarquía racial explícita que determina qué vidas merecen ser salvadas y cuáles pueden hundirse en el Mediterráneo sin que ningún gobierno rinda cuentas. Es racismo y terrorismo de Estado, aplicado, financiado con presupuesto público y avalado por las instituciones europeas.
Las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo son criminalizadas en Italia y España: barcos
retenidos en puerto, tripulantes procesados judicialmente. El sistema legal europeo protege la frontera y persigue el rescate. Eso revela con claridad quién es el sujeto que el Estado decide proteger y quién es el sujeto que decide sacrificar.
El apartheid de la movilidad es el nombre de este sistema: un régimen en el que el color de piel y el pasaporte de origen determinan si tienes derecho a cruzar una frontera con vida. Las personas que murieron esta noche de Pascua en el Mediterráneo central son víctimas de ese régimen. Y los responsables tienen nombre, cargo y despacho en Bruselas, Roma y Madrid.
El apartheid de la movilidad es el nombre de este sistema: un régimen en el que el color de piel y el pasaporte de origen determinan si tienes derecho a cruzar una frontera con vida. Las personas que murieron esta noche de Pascua en el Mediterráneo central son víctimas de ese régimen. Y los responsables tienen nombre, cargo y despacho en Bruselas, Roma y Madrid.
Redacción de Quinndy Akeju
Fuentes: El Salto Diario · Mediterranea Saving Humans · Sea-Watch · Organización Internacional para las Migraciones (OIM) · AFP
