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¿Podemos decidir? La lucha del feminismo negro contra las esterilizaciones masivas de mujeres.

Entre las décadas de los años 80 y 90, se realizaron esterilizaciones forzadas masivas de mujeres brasileñas. especialmente de mujeres negras y empobrecidas. Este reportaje cuenta sobre aquel periodo y hace una comparación con el escenario actual.

A finales de la década de los 80, Jurema Werneck, una médica recién graduada  que trabajaba en un equipo de agentes de salud en las favelas de Río de Janeiro (RJ) identificó un fenómeno alarmante: el alto número de mujeres esterilizadas. “Detecté ese fenómeno, era sorprendente, porque la esterilización no era algo que naturalmente fuese parte de los anticonceptivos disponibles; era una cirugía”, declara la médica, quien hoy tiene 63 años, es co-fundadora de la organización Criola y directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil.

Más adelante, el descubrimiento de Jurema sería definido como un movimiento de esterilización masiva de mujeres en el país, particularmente de mujeres negras y empobrecidas. A partir de ese hecho, el movimiento feminista negro abrió un debate en torno a la esterilización masiva de mujeres negras así como de las políticas de salud reproductivas que se implementaron entre las décadas de los 80 y 90.

En este reportaje  se aborda la lucha que derivó en un encuentro nacional de mujeres negras para discutir derechos reproductivos, en una Comisión Parlamentaria Mixta de Consulta (CPMI) por sus siglas en portugués, en el Congreso Nacional para investigar la esterilización masiva, en una inversión internacional para ese rubro y, finalmente, en la Ley de Planeación Familiar de 1996. Además, haremos un paralelo con el escenario actual, investigando la perpetuación de ese problema así como los avances más significativos al respecto.

“La ligadura es una cirugía para la esterilización definitiva que evita la posibilidad de embarazo; las trompas de la mujer son amarradas o removidas, evitando que el óvulo y los espermatozoides se fecunden.

La esterilización masiva es un genocidio de las poblaciones negras

En 1986, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicó una edición especial de la Investigación Nacional por el Censo de Hogares (PNAD) por sus siglas en portugués. Entre otros datos, el estudio mostraba índices relativos a métodos antifecundativos utilizados por las mujeres. Reveló que el 71% de las mujeres brasileñas casadas, en concubinato y que tenían hijos, entre los 15 y 54 años, utilizaban algún tipo de método antifecundativo. En contraste, el 44% de ellas estaban esterilizadas y el 41% usaban píldoras. La mayor incidencia de mujeres esterilizadas eran de de Maranhão, uno de los estados con mayor número de población negra.

En esa época era frecuente que se hablara de la esterilización como un método antifecundativo reversible y como el único disponible. Incluso había vacantes de empleo donde se solicitaba la ligadura como un requisito para la contratación. Los movimientos de cambio de votos por esterilización en tiempos de elecciones seguían vigentes.

Con esa información, Jurema Werneck creó un proyecto y buscó organizaciones que la apoyaran. De ahí surgió la Campaña Nacional contra la Esterilización de Mujeres Negras, realizada junto con el Programa de Mujeres del Centro de Articulación de Poblaciones Negras Marginalizadas, cuyo lema era “Esterilización- del control de la natalidad al genocidio del pueblo negro!”

La campaña denunciaba que el gobierno brasileño y las entidades internacionales financiaban el control de natalidad y el exterminio de la población negra mediante esterilizaciones involuntarias. “En el desarrollo de esa campaña, tuvimos acceso a documentos e información sobre la existencia de una iniciativa de control de la natalidad”, declara Jurema Werneck.

Otras activistas del feminismo negro se sumaron al debate. Fue el caso de las fundadoras del Geledés- Instituto de la Mujer Negras, ubicado en Sao Paulo (SP), que en 1991 lanzaron la publicación “Esterilización: ¿impunidad o regulación?”, proponiendo la regulación de la práctica a fin de reducir los abusos e incentivar el uso de otros métodos antifecundativos.

En el artículo “Salud Reproductiva de la Población Negra en Brasil: Entre Malthus y Gobineau”, Edna Roland, psicóloga y entonces coordinadora del Programa de Salud de Geledés, afirmó que la postura defendida por el programa chocaba con las opiniones de representantes del movimiento negro que consideraban que la práctica no era más que un instrumento de genocidio.

“Rechazando una posición política que llegó hasta declaraciones de activistas negras de que era tarea política de las mujeres negras tener hijos, el Programa de Salud consideraba que tal visión no incorporaba la discusión del concepto de derechos reproductivos, enfocándose únicamente en los resultados demográficos de las prácticas anticonceptivas, sin llevar en contra las necesidades o deseos de las mujeres en relación al control de su descendencia”, escribe.

Jurema Werneck difería de la regulación. “En ese tiempo consideraba peligroso autorizar, porque estaba siendo utilizada contra nosotras, sin control y sin una ley que nos protegiera”, dice. En aquel momento, la ligadura era una práctica que ocurría en una supuesta ilegalidad, pues estaba prohibida por el Código de Ética Médica y penalizada por el Código Penal Brasileno en situación de ofensa a la integridad corporal

Financiación internacional y control demográfico

Frente a ese contexto, fueron creadas las Comisiones Parlamentarias de Consulta (CPIs) en estados como Rio de Janeiro, Espíritu Santo y Goiás para investigar las denuncias presentadas por el movimiento de mujeres negras. Paralelamente, en marzo de 1991 el Diputado Eduardo Jorge realizó un debate acerca de la cuestión en la Cámara Federal, que resultó en la primera versión del Proyecto de Ley n° 209/91, suscrito por él, Benedita da Silva y otros Diputados para reglamentar la esterilización. Ante las críticas recibidas por el proyecto, el 20 de noviembre del mismo año,  Benedita da Silva y Eduardo Jorge presentaron una petición para proponer una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) y evaluar la cuestión a nivel nacional.

La CPMI fue instalada en abril de 1992 y documentó 72 declaraciones de  representantes de diferentes sectores, incluyendo el movimiento de mujeres negras; Jurema Werneck, entonces representante del Ceap, Luiza Bairros, coordinadora nacional del Movimiento Negro Unificado (MNU), y Edna Roland, directora del Geledés

La comisión descubrió que había una incidencia masiva de esterilización de mujeres en todo el país, según las evidencias, las cuales reportaban que 45% de las mujeres brasileñas en edad reproductiva estaban esterilizadas, siendo los estados con mayor población negra los de los índices más altos. “La mayoría de la población femenina que se somete a esta práctica es negra, lo que pone de manifiesto el carácter racista de la esterilización”, decía el sexto punto del argumento. Otro hallazgo fue que la esterilización se presentaba como el primero, principal o único método antifecundativo.

Sobre la esterilización involuntaria, Luiza Bairros destacó que había una mayor evidencia entre mujeres negras que padecían enfermedades ginecológicas, consecuentes con las condiciones socioeconómicas de pobreza y miseria.

Entre los hechos que revelaron el carácter racista de la política reproductiva de la época, está una campaña publicitaria realizada en 1986 en Bahía, según lo informado por la CPMI. La campaña estuvo destinada a la inauguración del Centro de Investigación y Asistencia en Reproducción Humana, se exhibieron fotos de infancis y mujeres negras con frases  como “defecto de fabricación”.

El informe también identificó que buena parte de las ligaduras ocurrieron durante la cesárea, lo que “explica por qué Brasil ostenta el título de campeón mundial en ese tipo de cirugía”, subrayaba el texto. Por otra parte, también se advertía sobre los riesgos de la cesárea y las secuelas de la esterilización quirúrgica.

Así mismo, se constata la existencia de un interés internacional en la implementación del control demográfico en el país, incluyendo una gran inversión económica, sobre todo, de Estados Unidos. Ciertas instituciones ofrecieron ligaduras de trompas con omisión del Estado Brasileño, siendo Bemfam y Cpaimc las mayores.

“Los municipios de Brasil tenían alianzas de cooperación con Bemfam para distribuir métodos hormonales y los médicos recomendaban las esterilizaciones sin ningún criterio”, explica Emanuelle Góes, doctora en Salud Pública, estudiosa y activista por los derechos sexuales y reproductivos, con especialidad en mujeres negras.

Joice Nielsson, doctora en Derecho Público e investigadora del área de Derechos Sexuales y Reproductivos, explica que eso ocurrió durante el auge mundial de la corriente desarrollista, que colocaba una idea de contraposición entre los países del primer y tercer mundo. “Estaba la idea de que la pobreza era consecuencia de la procreación masiva de las mujeres del tercer mundo. Una idea extremadamente xenófoba y racista. Eso ocasionó que existiera un financiamiento de varias instituciones para un proceso de esterilización masiva”, señala.

Entre las conclusiones de la CPMI están:

  • En Brasil no hay una política de salud de la mujer proveniente del Gobierno Federal.
  • El Programa de Asistencia Integral a la Salud de la Mujer (PAISM) carece de una implementación efectiva.
  • Existe un interés internacional en la instalación de un control demográfico en Brasil.
  • Hubo esterilizaciones masivas de mujeres en el país.
  • Resulta preocupante la taza de arrepentimiento post-ligadura de trompas.

No obstante, el informe no confirma el alto índice de esterilización de mujeres negras. “La mayor incidencia de esterilización en mujeres de raza negra fue denunciada por el movimiento negro, como un elemento del racismo practicado en Brasil”.  Los datos recopilados por el IBGE, en la PNAD de 1986, no confirman la denuncia, sin embargo, es un hecho evidente la dificultad para señalar con puntualidad la información relativa al color de la piel de los brasileños”, destaca el texto.

Un encuentro nacional de mujeres negras para discutir derechos reproductivos.

En agosto de 1993, un año después de la realización de la CPMI, 55 lideresas representantes de organizaciones de los feminismos negros y del movimiento de mujeres de diferentes estados, se reunieron para el primer evento nacional enfocado en la discusión de derechos reproductivos de las mujeres negras en Brasil.

Se trató del Seminario Nacional Políticas y Derechos Reproductivos de las Mujeres Negras, que se realizó en Itapecerica de la Sierra (SP), convocado por el Instituto Geledés. El encuentro tuvo como objetivo preparar a activistas negras para la participación en la Confederación Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en el Cairo en 1994.

La “Declaración de Itapecerica de Sierra de las Mujeres Negras Brasileñas”, fue el resultado de tres días de seminario, y trataba sobre la esterilización masiva de mujeres negras, políticas poblacionales racistas y del papel ejercido por el movimiento de mujeres negras.

“Las mujeres negras mantuvieron su posición respecto a la esterilización quirúrgica, considerando que las reflexiones sobre la esterilización masiva de mujeres negras en el país tuvo un impacto en la reducción porcentual de la población negra en comparación con la década anterior”, escribe Edna Roland- una de las organizadoras del seminario-en el artículo “Salud, Reproductiva de la Población Negra en Brasil: Entre Malthus y Gobineau”

“Los reflejos de la esterilización masiva de mujeres negras en el país se perciben en el reducción del porcentaje de la población negra en esta década, en comparación, con la década anterior”

Matilde Ribeiro, profesora, asistente social y activista política en el movimiento negro y feminista, fue una de las participantes del evento y afirma que la declaración “sirvió como una brújula, una referencia de por donde el movimiento feminista, el movimiento negro y los movimientos sociales debían continuar reconociendo a la mujer negra como sujeto, y criticando la condición impuesta por los sectores conservadores. Para ella, las mujeres negras fueron muy perspicaces en inscribir sus demandas en los movimientos negros y feministas.

“La declaración presenta cinco cuestiones relevantes:  1) la libertad reproductiva como parte de los derechos fundamentales, 2) la reivindicación de los derechos reproductivos, 3) la crítica al abuso en el proceso de intervención, 4) el combate al racismo y el sexismo son variables que limitan el acceso a las mujeres a varias cosas, como la educación, el trabajo, la participación política y, finalmente, 5) la participación social, que pone en el centro a las mujeres negras, en lugar de segmentar el debate”, explica Lucidalva Nascimento, abogada dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, destaca que la garantía de derechos reproductivos sólo podría alcanzarse a partir de la garantía de derechos amplios de la ciudadanía, tales como el empleo, la salud, el saneamiento básico, la educación y la vivienda. .

“Nosotras, como mujeres negras, consideramos que es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones necesarias para que los brasileños, las mujeres y, en particular, las mujeres negras brasileñas, puedan ejercer su sexualidad y sus derechos reproductivos, controlando la propia fecundidad, para tener o no, los hijos que deseen, garantizando el acceso a servicios de salud de buena calidad, de atención al embarazo, al parto y al aborto”

¿Tenemos derecho a decidir?

En 1996, después de seis años de dictaminación, fue promulgada la Ley de Planeación Familiar. Entre otras cosas, en ella se definía que la esterilización voluntaria sólo podría ser realizada en personas mayores de 25 años o con dos hijos vivos; en caso de  matrimonio, solo podría realizarse con consentimiento expreso de ambos cónyuges; y la cirugía no procederá durante los periodos de parto o aborto.

En el 2022 hubo algunas modificaciones en la ley: la edad mínima pasó a ser de 21 años, no sería necesaria la autorización del cónyuge y se permitía la ligadura de trompas después del parto.

Amanda Muniz, abogada en Derecho, Política y Sociedad, considera que esos cambios traen beneficios, no obstante, llama la atención el tiempo en que fueron aprobados. Fue en el gobierno de Bolsonaro, caracterizado por un discurso controlista y que defendió la esterilización de personas empobrecidas para combatir la miseria.

“Tenemos que mirar con cuidado para que esa ley no resulte en un tiro por la culata, que no facilite todavía más, a que la gente realice esterilización masiva usando el control poblacional de gente empobrecida, pues asusta el contexto en el que esa ley fue promulgada”, afirma.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud obtenidos por Nosotras, mujeres de la periferia mediante la Ley de Acceso a la Información (LAI) demuestran que el número de ligaduras realizadas por el Sistema Único de Salud (SUS) aumentó 349% de 2015 a 2024. De las cuales, 60% fueron realizadas en mujeres negras (prietas y pardas).

¿Se podría decir que ese aumento es resultado de la libre elección de las mujeres sobre sus cuerpos? No necesariamente. En la investigación “Derechos reproductivos y esterilización de mujeres: Ley de Planeación Familiar 25 años después”, Joice Nielsson, intentó analizar las legislaciones, políticas públicas y los debates jurisprudenciales en torno a la planeación familiar y de la esterilización- voluntaria y consensuada- de jóvenes y mujeres brasileñas-

“Muchas mujeres quieren acceder a la ligadura y no es posible debido a que no consiguieron cumplir con los requisitos establecidos en la ley, no hay ejercicio de autonomía para ellas. Y en otros casos, hay mujeres que serán esterilizadas de manera obligatoria. Pasa mucho por un recorte simbólico, de aquello que se considera mujeres deseables para la reproducción y mujeres indeseables para la reproducción en un contexto machista, racista, clasista y capacitista”, afirma.

La investigadora analizó las decisiones judiciales de la esterilización de mujeres entre 1996 y 2021 y clasificó el conjunto de demanda por la cirugía en tres grupos: mujeres esterilizadas forzadamente sin su consentimiento; mujeres que deseaban realizar la ligadura y enfrentaron barreras; y mujeres con deficiencia intelectual,  en situación de drogadicción o con problemas de alcoholismo que fueron esterilizadas. En el periodo analizado de 25 años, Joice concluyó que la autonomía de la mujer continúa al margen. “Prácticamente todos tienen voz, menos las mujeres”, sintetiza.

En resumen, la investigadora observó que las mujeres blancas, jóvenes, casadas o de clase media enfrentan obstáculos cuando desean acceder a la esterilización. A medida que las mujeres negras y de clases más bajas son motivadas a someterse a este procedimiento. “Vi sentencias judiciales donde, literalmente, se leía: eso [la cirugía] será bueno para impedir que futuras niñeces problemáticas vengan [a existir]”, relata.  

Joice puntualiza que ese contexto está estrechamente relacionado con la violencia obstétrica, principalmente, respecto a casos en que las mujeres son esterilizadas después del parto y lo descubren una vez que el procedimiento ha sido realizado.

Para la investigadora, pese a los avances legislativos, todavía persiste una idea de planeación familiar,  en lugar de incorporar el concepto de justicia reproductiva, el cual alude a la justicia social y la autonomía de la mujer.

Por otra parte, la investigadora Amanda Muniz, estudió las esterilizaciones en Santa Catarina entre 2015 y 2016. Observó que “algunos jueces hicieron un juicio de valor inconsistente que era más o menos así: ‘ah, entonces, en este caso, la gente ve que ella es pobre y tiene varios hijos, realicemos entonces la esterilización’. Es como si no existiera una ley de respaldo, como si no hubieran requisitos qué cumplir, eso da a entender que ellos dictaban una sentencia favorable a la esterilización para las mujeres empobrecidas, me molestó mucho”

En ese escenario, un caso emblemático fue el de Janaína Aparecido Quirino, una mujer negra, en situación de calle que vivía en Mococa (SP), usuaria de drogas y que fue esterilizada contra su voluntad en el 2018, después de una solicitud del Ministerio Público.

Amanda señala que durante el proceso emplearon el argumento de que ella ya tenía hijos, por lo que podía justificarse la cirugía y  alguien cuestionó sobre el padre de los niños. “Ella no es el ideal materno que se espera, es comprendida como un problema del Estado”, dice.

Bajo estas circunstancias, la activista Jurema Werneck expresa sentirse “derrotada” ante la actual Ley de Planeación Familiar. “Yo vengo de una corriente de autonomía, de confrontación ante la injusticia e inequidad. Esa ley no protege a las mujeres negras de casi nada”, dice. De la década de los 80 a hoy, la autonomía de las mujeres negras en torno a sus derechos reproductivos no es plenamente vivida.

Este reportaje fue producido con el apoyo de IWMF- International Women’s Media Fundation como parte de la Iniciativa Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas.

Una nota de Beatriz de Oliveira publicada en Nos mulheres da periferia traducida por Ana Hurtado Pliego

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