La noche del 5 de agosto del 2021, Vicente Iván Suástegui Muñoz terminaba una jornada de trabajo como chofer de taxi colectivo en Acapulco, Guerrero. Envió un mensaje a su esposa Samantha Colón Mares para notificarle que estaba camino a casa. Era una noche lluviosa.

Minutos después, Samantha recibió una llamada telefónica donde le notificaron que el taxi de Vicente estaba abandonado en una calle, con las puertas abiertas. El 5 de agosto de 2021, en medio de la noche lluviosa, lo último que Samantha supo de Vicente, no fue que volvería a casa, sino que unos hombres lo habían obligado a bajarse de su vehículo y se lo habían llevado por la fuerza en una camioneta roja.

El 5 de agosto del 2021, Samantha pasó de ser la compañera de vida de Vicente, a ser su buscadora en vida. En estos cinco años, Samantha ha sido amenazada de muerte, ha atestiguado la pereza del sistema de justicia, y a la par, también ha visto crecer a sus hijas, recordándoles siempre que, aunque se desconoce el paradero de su papá, él está orgullosa de ellas. También, cada 27 de octubre, ha celebrado el cumpleaños de Vicente. Lo honra ofreciendo reuniones para familiares y amigos, con comida, bebidas, música, altares y, sobre todo, el deseo de un día por fin, encontrarlo con vida.

A nivel nacional, los hallazgos de los colectivos de búsqueda y de familias buscadoras son escalofriantes:  4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados, una estimación aproximada de más de 133,000 personas desaparecidas y un aparato estatal negacionista.

Tal es la gravedad del asunto, que en abril de este año, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, remitió el caso mexicano a la Asamblea General de Naciones Unidas, con el propósito de colaborar con el Estado mexicano en materia de investigación, prevención y reparación del daño. No obstante, esta medida no fue bien recibida por el Gobierno de México.

Vicente Suástegui es un defensor ambiental que, junto a su hermano Marco Antonio Suástegui Muñoz, se opuso durante años a un megaproyecto hidroeléctrico que amenazaba los bienes comunales de Cacahuatepec, Guerrero.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH (REDESCA) han reconocido que la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente opera desde distintos niveles, entre ellos, el estigma, la persecución, el desprestigio hasta el uso de acciones administrativas y judiciales que tienen como desenlace el silenciamiento y la censura de líderes y lideresas que defienden el territorio. Tales estrategias de disuación afectan, principalmente, a personas que pertenecen a pueblos y comunidades tanto indígenas como afrodescendientes.

En cinco años, Samantha ha evitado que el caso de Vicente quede sumido en las montañas de carpetas sin resolver. No ha logrado reencontrarse con Vicente, pero en su lugar, ha conseguido articular a familias buscadoras de Acapulco, ha realizado jornadas de búsqueda con hallazgos positivos y, también, ha denunciado las inconsistencias institucionales que impiden el esclarecimiento real y expedito sobre la desaparición de Vicente.

La desaparición de Suástegui, también vuelve a poner en relieve la urgencia de los datos desagregados y la justicia estadística, pues si bien en México existe un reconocimiento constitucional que, en teórica y técnicamente, debería servir para proteger los derechos específicos de las personas afromexicanas, en la realidad, dicha protección integral se ve mermada por la falta de datos e información estadística que permita identificar patrones de violencia e, incluso, cartografiar las desigualdades.

Vicente Suástegui es apenas un ejemplo de muchos otros casos de personas defensoras ambientales Afromexicanas, Afroindígenas y Afrodescendientes que han sido víctimas de una violencia racial institucionalizada.

Un texto de Ana Hurtado Pliego.