Es oficial: Alemania ha reconocido el racismo estructural en sus instituciones. Y el agua moja, lo sabemos. Pero durante años, personas racializadas y/o migrantes, y organizaciones antirracistas y ciudadanos racializados hemos denunciado lo mismo: que el racismo no es un problema de actitudes individuales o aisladas, sino que es una realidad estructural presente dentro de las propias instituciones del Estado. Ahora, el propio gobierno alemán lo reconoce.

Alemania ha publicado el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre racismo dentro de sus oficinas públicas. Tras tres años de investigación, 23 proyectos académicos y una inversión de seis millones de euros, la conclusión es clara: ninguna de las autoridades analizadas salió libre de prácticas discriminatorias.

La investigación, impulsada por el Ministerio del Interior, analizó el funcionamiento de instituciones clave del aparato estatal, entre ellas la policía, los tribunales, las agencias de empleo y las oficinas de extranjería. En todos los casos se identificaron patrones de trato desigual hacia personas migrantes o racializadas.

Uno de los datos más reveladores afecta a la población musulmana: el 80% de las personas encuestadas afirma haber experimentado algún tipo de discriminación al tratar con instituciones públicas. Sin embargo, solo el 17% presentó una queja formal. La gran mayoría decidió no hacerlo porque considera que denunciar no cambiaría nada.

El informe también desmonta la idea de que el racismo institucional siempre se expresa de forma abierta o agresiva. En muchos casos aparece de manera más sutil, pero con consecuencias profundas: respuestas más breves cuando el alemán no se habla con fluidez, decisiones administrativas tomadas bajo amplios márgenes de “discrecionalidad” o citas burocráticas de apenas cuatro minutos que pueden determinar el futuro de una persona durante todo un año.

Cada año, alrededor de 420.000 estudiantes internacionales deben interactuar con estas oficinas para renovar visados, registrar direcciones o extender permisos de residencia. Para muchos, estos trámites se convierten en momentos de enorme vulnerabilidad, donde una decisión administrativa puede afectar su permanencia en el país.

El reconocimiento oficial de este problema marca un punto importante en el debate público. Nombrar el racismo estructural es el primer paso para enfrentarlo. Durante demasiado tiempo, estas experiencias fueron minimizadas o tratadas como casos aislados. El estudio demuestra que no lo son.

Organizaciones sociales y colectivos antirracistas sostienen que ahora el reto es pasar del diagnóstico a la transformación. Reconocer el problema sin cambiar las prácticas institucionales sería, advierten, otra forma de perpetuarlo.

Porque si algo deja claro esta investigación es que lo que muchas personas llevaban años denunciando no era una percepción exagerada, sino una realidad cotidiana dentro de la burocracia del Estado.

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Un texto de Quinndy