Han pasado cerca de dos meses desde el feminicidio de Yulieth Tatiana Murillo Peña, la joven enfermera oriunda de Medellín de 24 años hallada sin vida en su casa en el municipio de Bello, el 4 de marzo de 2026. Lo que en su momento produjo conmoción en Antioquia corre hoy el riesgo de convertirse en otro caso que abandona el centro de la conversación pública pronto, pasando a ser un nombre más en las estadísticas, una familia más empujada al duelo y una mujer negra más cuya muerte no alcanza a sacudir con la misma fuerza la conciencia nacional.
Yulieth había llegado al municipio de Bello buscando lo que tantas mujeres negras buscan en este país: estudios, trabajo, estabilidad y dignidad, objetivo que habría logrado al vincularse al sector de la salud, luego de varios meses de búsqueda de oportunidades. Esa trayectoria no es un detalle accesorio, debido a que revela la ruta de miles de mujeres afrocolombianas que migran internamente para sostener su vida en medio de desigualdades históricas y racismo estructural. Por eso, su asesinato no puede leerse como un hecho aislado ni como una tragedia privada desligada de las condiciones sociales que la rodeaban.
Algunos reportes de prensa señalaron, durante los primeros días de la investigación, distintas hipótesis sobre las circunstancias del crimen y sobre una posible persona sospechosa. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha recibido una confirmación oficial que permita afirmar públicamente la identidad, el vínculo o la responsabilidad de quien habría cometido los hechos. Por ello, más que anticipar conclusiones, resulta urgente insistir en que las autoridades competentes avancen con celeridad, rigor investigativo y enfoque de género, hasta esclarecer plenamente lo ocurrido y garantizar verdad y justicia para Yulieth Tatiana y su familia.
Y es que, a la hora de hablar de feminicidios, este patrón de violencia no puede leerse como un hecho aislado. En Colombia, muchas veces la violencia feminicida aparece después de una cadena previa de control, intimidación, posesividad y agresiones que las instituciones no logran leer ni detener a tiempo. El feminicidio no empieza cuando una mujer es asesinada, empieza mucho antes, es decir, cuando se normalizan las amenazas, cuando se minimiza el miedo, cuando se exige a las mujeres demostrar un riesgo extremo antes de creerles, y cuando el Estado convierte la prevención en trámite y la protección en demora.
Por eso, resulta tan revelador que, apenas un día después de que varios medios publicaran sobre el caso, el Ministerio de Justicia y del Derecho insistiera en que las mujeres en riesgo de feminicidio “no serán subestimadas” y lanzara una guía técnica para valorar el riesgo en el contexto familiar, con el fin de unificar criterios, reducir revictimización y actuar con mayor rapidez. Hasta aquí el mensaje institucional es correcto, sin embargo, la pregunta es por qué sigue llegando tarde frente a vidas que ya estaban en riesgo.
La guía del Ministerio de Justicia, parte de una verdad elemental, en la que señala que cada denuncia, cada relato y cada señal de violencia puede ser una alerta temprana, y reconocer el riesgo a tiempo es una forma de salvar vidas. No obstante, esa afirmación debería preocuparnos como sociedad, porque implica admitir que el problema no es la falta absoluta de herramientas, sino la incapacidad estructural para activar esas herramientas con enfoque, seriedad y urgencia. Colombia no puede seguir presentando protocolos como respuesta suficiente mientras los feminicidios continúan marcando la vida de las mujeres.
La discusión se vuelve aún más urgente cuando se mira el contexto, ya que, para marzo de 2026, los medios reportaban un aumento en los asesinatos de mujeres en Antioquia frente al mismo periodo del año anterior, y recordaban que, a nivel nacional, el Observatorio de Feminicidios Colombia había reportado 427 feminicidios y 256 tentativas en el primer semestre de 2025. Por esto, no estamos frente a una anomalía ocasional, sino frente a una violencia persistente, documentada y profundamente enraizada en el país.
Pero hay algo más que no puede seguir siendo omitido y es que Yulieth era una mujer negra, por lo tanto, decirlo importa. Importa porque en Colombia el género no actúa solo, se cruza con la raza, con el territorio, con la clase, con la migración interna y con las barreras de acceso a la justicia. Lo que produce que, la vida de las mujeres negras esté más expuesta a la precarización, a la indiferencia institucional y a un tratamiento mediático que muchas veces registra el horror, pero no interroga el sistema que lo produce. Por esta razón, los feminicidios de las mujeres negras, no pueden seguir narrándose como si su identidad racial fuera irrelevante.
En ese contexto, esta no es solo una columna sobre una muerte, es una columna sobre la jerarquía de las vidas en Colombia. Sobre cuáles duelen públicamente, cuáles duran en la agenda y cuáles se disuelven más rápido en el olvido. Porque si después de dos meses el nombre de Yulieth ya empieza a desvanecerse del debate nacional, lo que queda al descubierto no es solo la fragilidad de la memoria mediática, sino una estructura de desvaloración que nos permea como sociedad, en la que la muerte de una mujer negra conmueve menos de lo que debería, moviliza menos de lo que exige y transforma menos de lo que merece.
Aquí no basta con pedir justicia en abstracto. Hay que exigir investigación diligente, protección temprana, articulación real entre instituciones y un enfoque interseccional que entienda que no todas las mujeres enfrentan el mismo riesgo ni reciben la misma respuesta estatal. Hay que exigir que la prevención del feminicidio deje de ser un discurso de ocasión y se convierta en una obligación concreta, territorializada y racialmente consciente. Y hay que decirlo con claridad, porque mientras las mujeres negras sigan siendo asesinadas en medio de la indiferencia, el problema no será solamente de seguridad ni únicamente de violencia de género; será también un problema de racismo estructural.
Dos meses después, Yulieth no debería ser apenas un recuerdo doloroso para su familia o una noticia vieja para el país. Debería ser una interpelación abierta, una pregunta incómoda sobre quiénes importan en Colombia y cuánto tiene que pasar para que la muerte de una mujer negra sea tratada como lo que realmente es, y no un caso aislado, no una fatalidad, no una nota de paso, sino una expresión brutal de las violencias que este Estado y esta sociedad siguen sin querer desmontar del todo.
Porque cuando asesinan a una mujer negra y el país apenas alcanza a indignarse unos días, no solo fracasa la justicia, fracasa también la promesa democrática de que todas las vidas valen lo mismo.
Exigimos justicia para Yulieth Tatiana. Su vida, su nombre y su memoria no pueden quedar en el silencio ni reducirse a una cifra más de la violencia contra las mujeres en Colombia. Desde Afrocolectiva nos sumamos al llamado de su familia para que las autoridades competentes adelanten una investigación rigurosa, con celeridad y enfoque de género, que permita esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar verdad, justicia y reparación. Acompañamos con respeto el dolor de su familia y reiteramos que ninguna mujer debe ser olvidada ni revictimizada en la búsqueda de justicia.
Un texto de Evelin Asprilla
